Legislador Julián Benassi

Información de prensa y actividad legislativa

Ley del escalafón del empleado público

Publicado por legisladorbenassi en febrero 28, 2007

21 de febrero de 2007

El bloque del Frente para la Victoria, por mi intermedio, quiere manifestar su posición favorable en general y en particular al proyecto 10243 en tratamiento en este recinto.
No obstante ello, mucho de lo que se dijo es cierto en cuanto a que no fue posible corregirlo ni debatirlo.
Debemos tener en cuenta que las primeras noticias, los primeros papeles que comenzaron a circular en las comisiones, fueron posteriores a la segunda quincena de diciembre, concomitantes con las invitaciones a los festejos de fin de año.
Debemos tener en cuenta que recién en febrero empezamos a entender, profundizar, tratar de captar cuáles son los cambios necesarios para ver si son cuanto menos admisibles o no. También debemos entender que recién ayer hemos recibido la última de las versiones -hoy en tratamiento-, esto nos obligó a cotejarla casi renglón por renglón y letra por letra. De otra manera, el margen de error y de perfectibilidad que pudiese haber tenido la normativa hubiese sido bastante grande.
Más allá de este anticipo de la aprobación en general y en particular, que también voy a fundamentar, voy a empezar por un marco general de la situación.
Hoy estamos hablando del escalafón para el personal de la Administración Pública provincial; obviamente, en cualquier estamento lo primero que se define es qué queremos hacer, lo segundo es el organigrama y en tercer lugar los cargos a ocupar. Aquí ya estamos hablando de definir cargos sin saber cuál es el organigrama y exactamente para qué tipo de definición de Estado lo estamos haciendo.
Siguiendo un orden lógico, lo que correspondería es definir qué tipo de Estado queremos; a partir de allí, qué organigrama u orgánica necesitamos para llevarlo adelante y, subordinado a todo ello, recién aparece la plantilla del personal necesario –tanto el personal de ejecución como el superior-; es decir, primero la función del Estado, segundo la definición del organigrama u orgánica y tercero el personal a cargo necesario. Hoy estamos haciendo las cosas al revés, primero nos estamos poniendo el zapato y por arriba de éste la media.
No es lo mismo un Estado tercerizador, un Estado de corte neoliberal, un Estado Sociedad Anónima donde prospere únicamente aquello que se vincula con el negocio de algún sector y el resto casi no le interesa. No es lo mismo ese tipo de Estado que un Estado complementario, activo y social al que le interesa la falta de camilleros, de porteros en escuelas públicas y se preocupa si eventualmente tenemos un sistema adecuado de auditoria para ver si los profesores secundarios van o no a dar clases o si los alumnos son los que se autocalifican –casi lo digo por experiencia.
Este otro tipo de Estado que debería dedicarse, a nuestro criterio, a cubrir la educación y la salud que no alcanza a cubrir la parte privada y a suministrar las viviendas que no proporciona la parte privada, obviamente tendrá otro organigrama y, por supuesto, otra cantidad de cargos, que eventualmente puede ser hasta mayor que la actual.
Al no definirse un tipo de Estado o al perfilarse un Estado de  corte neoliberal o tercerizador con agencias y todas estas cuestiones la estructura orgánica es una; en otro tipo de Estado sería otra.
Cuando pasamos a definir un Estado de corte social que se dedica a cubrir las necesidades básicas insatisfechas no cubiertas por el mercado –llamémoslo así-, cuando pasamos a no confundir lo que es un negocio, una sociedad anónima con el Estado, cuando separamos a los agentes o funcionarios que manejan las áreas y a su vez tienen intereses privados totalmente incompatibles, cuando los directores de hospitales no tienen clínicas donde derivar fácilmente a los enfermos mal atendidos, entonces las estructuras orgánicas se definen distinto.
  Si bien hoy no nos oponemos, tampoco contamos con elementos para definir si los cargos de planta –sean jerárquicos u operativos- son pocos o muchos porque no tenemos una definición de Estado, por eso vamos a dar nuestro apoyo en general a este proyecto que prácticamente hemos tenido que estudiar de noche, por decirlo de alguna manera.
El proyecto constituye un paso adelante, un avance tanto de los derechos del trabajador al volver a contar con la posibilidad de una carrera administrativa como también en cuanto a los cargos por concurso sobre aquellos designados a dedo, lo que nos da más seguridad respecto a que la capacidad se irá imponiendo sobre el acomodo o la prebenda.
Existen –y tal vez sea un poco repetitivo- observaciones puntuales que ya han sido expresadas por quienes me precedieron en el uso de la palabra.
En primer lugar, debo señalar que el proyecto de ley que estamos considerando tiene definidas 11 categorías a nivel de personal de ejecución y 6 en el superior; no podemos decir si son muchas o pocas porque depende del Estado que tengamos y para hacer qué las queremos.
En segundo lugar, se establece un sistema de concursos para el personal de planta permanente, y a falta de postulantes o calificación suficientes de los mismos uno abierto que incluye a los actuales funcionarios políticos, llámense gerentes, subgerentes, coordinadores, subcoordinadores y el resto.
En tercer lugar, se establece un plazo de 180 días para definir el organigrama y con ello los cargos vacantes, después de dicho termino sabremos si pueden entrar a planta permanente y por concurso quienes ya pertenecen a la administración y rindan el concurso, y si se generan cargos suficientes para que ingrese el personal que es de planta política, es decir, está abierta la puerta para que hoy ingresen a planta permanente quien forman la planta política. Estos 180 días de desfasaje entre la definición de cargos y los concursos hace que hoy no sepamos cuál es la intención o el devenir del proyecto que estamos tratando.
Otra de las objeciones realizadas es la ausencia absoluta de participación de los ámbitos académicos correspondientes a la carrera o un instituto específico a crearse para la función pública dentro de la órbita académica en la etapa de confección de concursos, evaluación de los concursantes o en general para las distintas etapas de capacitación prevista para el personal; esto garantizaría la presencia de un nivel universitario y académico -como hemos dicho- y la independencia e imparcialidad en relación a eventuales intereses, es decir, lo relacionado a capacitación, concurso y evaluación debería salir del ámbito de los mismos interesados.
También puede resultar objetable que una ley que hoy sancionamos defina con precisión cuáles son los gremios de competencia, hasta allí debería haber llegado, ya que si en la actualidad resulta ser que otros gremios son de competencia para esta instancia o llegaran a serlo dentro de un año, esta ley tendría problemas a nivel de la definición de concursos y de las comisiones que integran las organizaciones gremiales.
Otro punto que puede resultar objetable es la necesidad de reconcursar quinquenalmente los máximos cargos jerárquicos. Esta es una reglamentación que si bien puede haberse aplicado en otros Estados, en otros gobiernos o países, lo cierto y concreto es que en toda organización donde los cuadros jerárquicos funcionan pueden permanecer veinte años porque son revalidados todos los días, mientras que en las organizaciones donde los cuadros jerárquicos no funcionan pueden durar dos años.
No quisiera imaginar qué pasaría si trescientos o cuatrocientos cargos de conducción tuvieran que revalidar concursos, no quisiera pensar qué pasaría en el quinto año, cómo se detendría y como sería de precaria la gestión de la administración durante ese período. Eso es algo que también hubiera merecido un debate más profundo.
Estoy diciendo todo esto en términos potenciales porque, obviamente, no hemos tenido nada más que la oportunidad, por un lado, de escuchar dos exposiciones de quien hace dos o tres años viene considerando este tema y, por el otro, de leer anoche a última hora el último despacho. De manera tal que prácticamente somos “convidados de piedra” para afirmar cuestiones con certeza.
Varios serían los puntos que debieron ser sometidos a debates previos, pero no lo pudimos hacer. No obstante, el conjunto de objeciones y dudas expresadas pueden llevar al fracaso o al mero campo de las buenas intenciones a la ley que hoy estamos aprobando, lo cual sería, en todo caso, un costo político para quien quiso apurar la decisión.
Por lo tanto, habida cuenta que la intención es poner nuevamente en marcha –o por lo menos a nivel de proclama– la carrera administrativa, la capacitación, la eficiencia pública y el ascenso por concurso, y teniendo en cuenta que la intención no sería el pase de funcionarios políticos a planta permanente, el Frente para la Victoria anticipa su voto favorable al proyecto en tratamiento. (Aplausos).

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